La Ley N° 21.659 sobre seguridad privada comenzará a regir en noviembre de 2025. Para condominios y comunidades, esto implica anticiparse: revisar cómo se contrata la vigilancia, qué servicios se utilizan, qué documentación se mantiene y cómo se coordinan las medidas de control de acceso, siempre con foco en el cumplimiento y en la continuidad operativa.
Qué cambia para una comunidad cuando entra una nueva ley
Cuando una norma actualiza el marco de la seguridad privada, el impacto típico en una comunidad no se limita al guardia o a la caseta. También alcanza procesos internos y decisiones de administración: contratos con proveedores, presupuesto, reglas de funcionamiento, control de accesos y registros.
Por eso, el enfoque recomendable es tratar la entrada en vigencia como un proyecto de cumplimiento: identificar brechas, priorizar acciones y fijar responsables.
Diagnóstico inicial: mapa de servicios y riesgos
Antes de modificar contratos o procedimientos, conviene levantar un diagnóstico simple y ordenado:
1) Servicios de seguridad actualmente utilizados: guardias, conserjería con funciones de control, monitoreo de cámaras, rondas, alarmas, botones de pánico, barreras vehiculares, entre otros.
2) Lugares críticos: accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos, bodegas, áreas comunes, perímetros y puntos ciegos.
3) Horarios y dotación real: turnos, refuerzos, reemplazos, y qué ocurre ante ausencias o contingencias.
4) Incidentes recurrentes: ingresos no autorizados, robos, daños, conflictos con visitas, fallas de control, etc. Sin este insumo, es difícil justificar inversiones o cambios.
Contratos con empresas y personal: revisión preventiva
Sin asumir requisitos específicos, una buena práctica frente a una nueva ley es revisar anticipadamente los contratos de seguridad y servicios relacionados para asegurar:
Alcance del servicio: qué incluye y qué no incluye (control de acceso, rondas, monitoreo, reportabilidad, reacción ante eventos).
Responsabilidades y límites: funciones permitidas, coordinación con administración y comité, tratamiento de incidentes y derivaciones.
Documentación de respaldo: carpetas vigentes, anexos, protocolos internos, evidencias de capacitaciones si corresponden, y trazabilidad de instrucciones operativas.
Continuidad del servicio: reglas de reemplazo, cobertura en vacaciones y licencias, tiempos de respuesta y canales formales.
Reglamento de copropiedad y protocolos internos
En la práctica, la seguridad comunitaria se sostiene en reglas claras y aplicables. Por eso, es útil revisar si el reglamento y los protocolos internos cubren adecuadamente temas como:
Control de visitas y proveedores: identificación, autorización, registros y criterios uniformes.
Uso de espacios comunes: aforos, horarios, reservas y medidas ante incumplimientos.
Coordinación ante emergencias: incendios, cortes de energía, evacuación, delitos flagrantes y atención a vecinos vulnerables.
Si se requieren ajustes, lo recomendable es planificarlos con anticipación, considerando los quórums y procedimientos propios de la comunidad.
Tecnología y datos: cámaras, accesos y registros
Muchos condominios ya operan con cámaras, lectores, aplicaciones de acceso o registros digitales. Independiente de la solución, es clave ordenar:
Propósito y uso: para qué se registran imágenes o datos y quién accede.
Resguardo y conservación: almacenamiento, respaldos y control de copias.
Gestión de incidentes: cómo se documentan eventos, quién autoriza entregas de información y cómo se evita improvisación.
Una operación sólida reduce conflictos internos y facilita actuar de forma coherente ante requerimientos externos.
Presupuesto y planificación antes de noviembre de 2025
La entrada en vigencia de una ley puede exigir ajustes de operación o de gestión. Para no improvisar, conviene preparar un plan con hitos:
Calendario: revisión de servicios y contratos, fechas de asambleas, actualización de protocolos y pruebas operativas.
Costos: estimar escenarios (mantener, mejorar, reorganizar) y establecer prioridades.
Comunicación: informar a residentes y usuarios sobre cambios en reglas de acceso y comportamiento esperado, con mensajes simples y consistentes.
Decisiones informadas para una seguridad comunitaria sostenible
La Ley N° 21.659, con vigencia desde noviembre de 2025, es una oportunidad para ordenar la seguridad privada en las comunidades y fortalecer la gestión. Un diagnóstico temprano, contratos claros, protocolos aplicables y una planificación realista ayudan a evitar costos inesperados y problemas operativos. Mientras más preparada esté la administración y más alineada esté la comunidad, más probable será mantener un entorno seguro y bien gestionado.
Créditos: Hablemos de Copropiedad.